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Sofía Arriola

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Imagen: Melina Gómez

Por Sofía Arriola


Después de años de reclamos, ocupar las calles y consolidar a los movimientos feministas, se sancionó y entró en vigencia el pasado 24 de enero de 2021, la Ley 26 710 sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. La misma tiene como objeto, según lo establecido en su artículo 1, regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento con los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Asimismo, fortalece los postulados de la Ley 25 673 (Creación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva) y de las políticas públicas impulsadas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Esta ley se enmarca en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Ley 25 673, la Ley 26 529 sobre Derechos del Paciente, los códigos Penal y Civil y Comercial de la Nación (CCyC), así como todas las leyes concordantes de protección de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, y el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), siendo de orden público y aplicación obligatoria en todo el país. Esta obligatoriedad alcanza los tres subsistemas de salud: tanto efectores públicos como obras sociales, empresas y entidades de medicina prepaga deben instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar su cumplimiento.

El esquema legal previsto y que se incorpora a la normativa vigente sostiene que las mujeres y otras personas gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional cuando el mismo fuere resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o salud de la persona gestante.

Sin embargo, la semana pasada la justicia provincial de San Juan dio lugar a una medida cautelar en la que un hombre propuso impedir que su ex pareja abortara. El hombre, junto a los jueces Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez (un tribunal integrado sólo por varones) intentaron obstruir el ejercicio de derechos a una mujer y, sobre todo, poner por encima a un varón del uso libre del plan de vida de una mujer. Lo que me lleva a un debate histórico en el derecho: ¿qué pasa con los jueces y la posibilidad de crear derecho más allá del Poder Legislativo?


El sistema de tutelaje dónde la mujer es sometida a la voluntad del marido se acabó hace mucho tiempo: ni antes ni después de la ley de ILE el cónyuge tiene derechos sobre el cuerpo de la pareja (…) En ningún espacio del cuerpo normativo esta ley establece la opinión del cónyuge como requisito, lo que hace que pedirlo sea ilegal


El sistema de tutelaje dónde la mujer es sometida a la voluntad del marido se acabó hace mucho tiempo: ni antes ni después de la ley de ILE el cónyuge tiene derechos sobre el cuerpo de la pareja, no puede decidir sobre un aborto, ni sobre métodos anticonceptivos. La ley indica que siempre debe prevalecer su libre y autónoma voluntad y que sus decisiones “no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas”. En ningún espacio del cuerpo normativo esta ley establece la opinión del cónyuge como requisito, lo que hace que pedirlo sea ilegal. 

Aun así, con el criterio de los jueces una mujer podría ser forzada a gestar o forzada a abortar por la voluntad del cónyuge no gestante y la anuencia de estos jueces, lo que podría incurrir en los estándares de tortura ya que el Comité DESC, en la Observación General 22 (2016) relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva, ha sostenido: “El derecho a la salud sexual y reproductiva también es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos. Está íntimamente ligado a los derechos civiles y políticos que fundamentan la integridad física y mental de las personas su autonomía, como los derechos a la vida; a la libertad y la seguridad de la persona; a no ser sometido a tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la privacidad y el respeto por la vida familiar; y la no discriminación y la igualdad. Por ejemplo, la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia o la negativa a practicar abortos son causa muchas veces de mortalidad y morbilidad materna que, a su vez, son una violación del derecho a la vida o la seguridad y, en determinadas circunstancias, pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Asimismo, la Recomendación General 35 (2016) referida a la violencia de género contra la mujer del Comité CEDAW, al que nuestro país suscribe, estableció que:  “Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante” y finalmente el mismísimo Comité de la Tortura en la Relatoría Especial sobre la Tortura, ha establecido que: “46. Los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales; las esterilizaciones involuntarias; la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención posaborto” y, en el artículo 50, ha expresado su preocupación por “el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos”. Por ende, la Ley 27 610 se ajusta a dichos estándares internacionales y avanza sobre un modelo regulatorio centrado en la salud que permitirá alcanzar mayores niveles de justicia social en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población.


…con el criterio de los jueces una mujer podría ser forzada a gestar o forzada a abortar por la voluntad del cónyuge no gestante y la anuencia de estos jueces, lo que podría incurrir en los estándares de tortura


Por suerte, el fallo se volvió abstracto, puesto que al momento en que el tribunal se expidió, el sistema de salud ya había actuado diligentemente para realizar la práctica correspondiente solicitada. De todas formas, el hecho de haber dado lugar a la medida cautelar genera un antecedente judicial que atrasa y boicotea la mentada ley, demostrando cómo las mujeres siguen siendo expuestas en el poder judicial viéndose vulneradas por el mismo Estado que debería protegerlas con derechos adquiridos en sus propias demandas respecto a los derechos civiles y políticos conseguidos. Si estos existen y son la base de nuestros sistemas de gobiernos, ¿por qué las mujeres y las personas con capacidad de gestar continúan sufriendo opresión al enfrentarse al sistema judicial, siendo parte de un poder del Estado que debe velar por cumplir con las garantías a las que se obliga? Siguiendo a Carol Paterman: ¿Por qué si todos somos libres e iguales las mujeres son sometidas?.

El acceso a la justicia es considerado un derecho social básico y, para garantizarlo, es necesario un sistema de justicia preparado y eficaz, en caso contrario, las instituciones no responderán a su razón de ser, por lo que el servicio público debe garantizar la continuidad, adaptación, igualdad, celeridad y gratuidad para no entorpecer los procesos. Si esto no sucede todo el arco de Derechos Humanos sería condenado al fracaso generando una gran desilusión sobre las promesas de la democracia al no contar con un sistema que asuma la responsabilidad de asegurar un Estado de Derecho preocupado por la vigencia de las libertades y garantías; donde la Constitución no represente una abstracción sino que brinde una aplicación práctica, que amplíe el acceso a la justicia sobre las construcciones sociales que se plasman en la existencia de un “sistema de género”, en el que procesos y mecanismos regulan y organizan a la sociedad de modo en que el hombre y la mujer actúen y se consideren diferentes y al mismo tiempo, determinen cuáles áreas sociales son competencia de un género u otro, así como también las asimetrías de poder entre ellos.


…el hecho de haber dado lugar a la medida cautelar genera un antecedente judicial que atrasa y boicotea la mentada ley, demostrando cómo las mujeres siguen siendo expuestas en el poder judicial viéndose vulneradas por el mismo Estado que debería protegerlas con derechos adquiridos en sus propias demandas respecto a los derechos civiles y políticos conseguidos


Incluso, podemos pensar que el lugar del derecho y el rol de los jueces debería ser el de subsanar las desigualdades, siendo una herramienta de control social que funciona a partir de otros sistemas normativos internacionales de derechos humanos para derribar subjetividades y combatir aquella dominación de género para volvernos iguales ante la ley, como se espera, y no como en este caso, presentando argumentos ineficientes y sexistas expresando que meramente por la existencia del matrimonio entre los involucrados el progenitor debería tener incidencia en la decisión. Así, la acción del derecho termina siendo la de consolidar aquellas desigualdades reproduciendo discursos y relaciones de poder, estableciendo en una sentencia la violencia institucional y la invisibilización de la autonomía de los cuerpos gestantes.

Aun con una ley vigente, este caso ha demostrado cómo dentro del mismo sistema de protección las personas pueden quedar enfrentadas a una estructura opresiva que opera por un orden social: este caso, pone en evidencia que esa lógica no sostiene un enfoque de género, sino que reproduce los mandatos morales y disciplinadores del orden heterociscapitalista imperante y castiga a quienes busquen contrariarlo, aun si deben vulnerar las garantías establecidas para la protección, revelando la desilusión del sistema judicial al no tener operadores jurídicos preparados ad hoc

Sería necesaria la educación en Derechos Humanos para poder triunfar en una ciudadanía que permita el acceso a los derechos, pero también arribar a una igualdad real entre los ciudadanos, más allá de los estándares legales en donde se corrija la ausencia histórica de las mujeres y se tenga en cuenta su inclusión en todos los ámbitos en pos de establecer un proyecto político que rompa la división entre lo público y lo privado, añadiendo dimensión de género para que también la dicotomía de masculino y femenino, junto a su expresión social, sea reconsiderada en vistas de obtener una democracia que asegure inclusión frente a las desigualdades estructurales. Es preciso que a partir de ahora, habiendo ganado las garantías legales, busquemos transformar los discursos y prácticas y las relaciones con el Estado donde el género no implique una forma de dominación para que las transformaciones reales acompañen el avance de los reconocimientos formales.


Nadie puede decidir por vos ni puede sustituir tu voluntad. Tampoco estás obligada a ser madre.

Si decidís abortar, la práctica está incluida en los servicios públicos de salud, las obras sociales y las prepagas. Podés llamar al 0800-222-3444 para más información. Es tu derecho.


Ph: Melina Gómez

Por Sofía Arriola


Los tiempos de la Revolución Digital han traído aparejada la aplicación de la inteligencia artificial y con ella algoritmos hasta en el mundo del trabajo, por ejemplo.  

La configuración de un algoritmo puede ser interpretada a simple vista como un proceso tecnológico ajeno a subjetividades o discriminaciones. Sin embargo, si profundizamos esta visión podremos observar que la formulación de un algoritmo arrastra estereotipos y roles largamente arraigados en el ámbito sociocultural como lo son aquellos que tienen que ver con los colectivos de mujeres, un grupo en estado de vulnerabilidad que por el uso de estas tecnologías pueden ver reducidas sus posibilidades de acceso, mantenimiento y ascenso en el mercado del trabajo. Ahora bien, ¿cómo se hace visible una discriminación que se encuentra tejida de manera invisible? ¿cómo se produce el sesgo algorítmico, sus implicancias y por qué es tan difícil detenerlo? 

Debido a las modificaciones en el sistema de producción y la introducción de cambios tecnológicos hay aristas sobre las formas de contratación y selección que parecen escaparse. Los sistemas de intermediación de tecnología en sistemas de búsqueda de personal parecen ser neutrales y prometen que no pueden efectuar per se una diferencia arbitraria entre los sujetos analizados. Sin embargo, la realidad parece demostrar que el uso de algoritmos para definir el mejor perfil de cobertura de vacantes continúa reproduciendo barreras y estereotipos sociales arraigados en la historia y la cultura de nuestras sociedades. 

Es por eso que entender cómo funcionan y cuál es su verdadera acción se torna fundamental para prevenir la reproducción de estas dificultades amparada por la normativa nacional como la Ley 23.592: Penalización de actos discriminatorios y otras leyes sobre discriminación, la normativa internacional como los Convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (C100 – Convenio sobre igualdad de remuneración y C111 – Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros acuerdos internacionales que han buscado subsanar.

Primero es preciso aclarar ¿qué es un algoritmo?: en matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo (del latín, dixit algorithmus y este del griego arithmos, que significa «número») es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. Cotidianamente se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas. 

En este caso, si los inputs y procesamientos de los algoritmos utilizados se basan en las ideas extraídas a través de diversas redes sociales, compras online, encuestas al consumidor, etc., extraídas de la mirada de las personas que integran la sociedad ¿la modificación del algoritmo será suficiente para evitar resultados discriminatorios?


¿qué es un algoritmo?: en matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo (del latín, dixit algorithmus y este del griego arithmos, que significa «número») es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad.


En términos de programación un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. En general y a modo de resumen tratan de conjuntos de datos que siempre tendrán en común las tres propiedades de: tiempo secuencial, estado abstracto y exploración acotada. Luego pueden generarse distintos tipos de algoritmos, en el caso planteado se estarían analizando algoritmos de búsqueda: estos están diseñados para localizar un elemento con ciertas propiedades dentro de una estructura de datos, como por ejemplo ubicar el registro correspondiente a cierta persona en una base de datos o el mejor movimiento en una partida de ajedrez. Lo que se genera a partir de la existencia de estos algoritmos son grandes cantidades de datos, generalmente estadísticos, para poder crear brechas de información y desarrollar con esta misma, conclusiones sobre las características y un comportamiento potencial de las personas teniendo en cuenta categorías de representación como pueden ser mujer/varón ya que se van a considerar predominantes y típicamente expuestas en los portadores del rasgo. 

Ahora bien, los algoritmos se están vinculando con el mercado laboral en tanto actúan en los procesos de selección de personal, en el resultado de los mismos o en el tratamiento de datos que hacen a la órbita personal de los trabajadores. Aquellos datos extraídos de la realidad y cuyos parámetros formatean el procesamiento en búsqueda de un resultado, restringen de por sí el ámbito de selección a determinadas configuraciones de acuerdo a los datos suministrados. Es en esta parte del proceso, que la transparencia en el uso de datos y su articulación para la generación de algoritmos adquiere principal importancia. Cierto es que las grandes compañías tienden a pretender mantener este contenido fuera del alcance del público, en aras a preservar el denominado know how, en términos de confidencialidad y no competencia. No obstante, como bien indicara ut supra, son éstos los primeros factores que pueden acarrear en el ámbito laboral procesos cargados de “sesgos” que pueden tener por base el género, la etnia, la religión, el estrato social, etc. 

La segunda etapa de análisis comienza con el procesamiento de los datos y las estructuras utilizadas a esos fines: la creación de categorías de representación que los propios algoritmos crean en base a datos tomados de la “realidad” y su utilización para enseñarse a sí mismo a determinar y arribar a nuevas conclusiones, por ejemplo, los trabajadores que resultan más adecuados para determinada función. Por otro lado, en el mundo tecnológico existen los denominados algoritmos de Caja Negra, cuya oscuridad radica en esconder el entendimiento de la razón de ser de sus resultados detrás de fórmulas no-abiertas al público, ya sea qué códigos están fuera de la visibilidad de los usuarios para evitar filtraciones de datos o la detección de patrones concretos. La mayoría de ellos se esconden en los buscadores. 

Por ejemplo, a principios del mes de Julio del año 2018, una noticia relacionada con los algoritmos de reconocimiento de contenido que utiliza Google causó gran polémica y disgusto entre la población afroamericana, al etiquetar a una pareja como “gorilas”. Ante el error, Google tuvo que pedir disculpas y mencionó que este tipo de problemas quedarían resueltos con el lanzamiento de Google Fotos y su función para editar el etiquetado automático. A su vez, una investigación realizada por la Universidad de Washington encontró que al realizar una búsqueda en Google Imágenes para “CEO” los resultados obtenidos sólo mostraron a un 11% de mujeres, a pesar de que el 27% de los directores ejecutivos de los Estados Unidos son mujeres. Por si esto fuera poco, la primera imagen de una mujer que aparecía en la segunda página era la muñeca Barbie CEO.  

Investigadores de Carnegie Mellon hicieron un estudio en el que construyeron una herramienta para simular usuarios de Google que comenzaron sin historial de búsqueda y luego visitaron sitios web de empleo: más tarde, en un sitio de noticias de terceros, Google mostró un anuncio para un cargo ejecutivo 1.852 veces a hombres y 318 veces a las mujeres. “Incluso si no están diseñados con la intención de discriminar a esos grupos, si se reproducen las preferencias sociales, incluso de una manera completamente racional, también se obtendrán formas de discriminación” dijo David Oppenheimer, profesor de la Universidad de Berkeley, California. 


en el mundo tecnológico existen los denominados algoritmos de Caja Negra, cuya oscuridad radica en esconder el entendimiento de la razón de ser de sus resultados detrás de fórmulas no-abiertas al público, ya sea qué códigos están fuera de la visibilidad de los usuarios para evitar filtraciones de datos o la detección de patrones concretos. La mayoría de ellos se esconden en los buscadores. 


Si el “ser mujer” para el algoritmo es negativo, sólo es por presentar las desventajas estructurales de las mujeres trabajadoras. Si se ignorara el hecho de que ciertos grupos enfrentan discriminación en el mercado laboral, no se los podría respaldar de manera correcta. Por ende, los algoritmos de nuestra sociedad serán discriminatorios en la medida que la realidad social lo sea y al reproducir la realidad solamente están consagrando una injusticia existente. Cabe preguntarse ¿cuál es el rol que tienen los Estados frente a esta reproducción discriminatoria? 

La no discriminación por razón de sexo o género está contemplada en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales (cuestión que fue desarrollada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General Nº 20), entre otras normas. 


¿de qué forma los legisladores podrán controlar lo que pasa detrás de las pantallas ahora que las herramientas son otras, nuevas y desconocidas? 


El contenido del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo abarca la igualdad de trato y la de oportunidades. La igualdad de trato comprende, a su vez, la prohibición de discriminaciones directas e indirectas. La igualdad de oportunidades remite al mandato de acciones positivas a favor de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. La exclusión de hecho de las mujeres en el mercado laboral exige que se tomen medidas y acciones que reviertan esta situación ampliamente conocida, entonces ¿de qué forma los legisladores podrán controlar lo que pasa detrás de las pantallas ahora que las herramientas son otras, nuevas y desconocidas? 

Es necesario un rol activo en la implementación de los estándares mínimos laborales aplicados también en el área de las ciencias informáticas, así como la concientización y sensibilización de las temáticas de género y puede que esto sólo sea posible cuando opere un cambio a nivel social y así se traslade a una modificación en el espacio digital para remover los sesgos de género y discriminación que ocultos en formulas agrandan las brechas y diferencias que la normativa propone hace años erradicar. 


Ph: Federico Bini

Por Sofía Arriola


¿Cuáles son los aspectos que dejó al descubierto el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio? ¿Qué pasa con los colectivos que forman parte de una discriminación y exclusión estructural? 

Los últimos años en Latinoamérica han sido marcados por contextos de globalización y el neoliberalismo tardíos que han avanzado junto a la derecha, potenciando y configurando una discriminación interseccional extrema en distintos niveles. Teniendo en cuenta las mencionadas desigualdades, consideradas estructurales y de base, sumándose también la vulneración constante de derechos humanos, podríamos afirmar que el colectivo travesti trans, por ejemplo, es de las minorías más vulneradas actualmente en un presente atravesado por políticas de cuidado a raíz de la pandemia y del mencionado ASPO, lo que lleva a preguntarnos: ¿cómo se ejecuta la política #QuedateEnCasa para quienes no tienen una? ¿cómo podrían asegurarse necesidades básicas cuando la mayoría sólo accede al trabajo informal? ¿cómo se habita en este contexto, sufriendo la violencia de una triple marginación por género, por clase y por cuestiones raciales? 


…el colectivo travesti trans es de las minorías más vulneradas actualmente en un presente atravesado por políticas de cuidado a raíz de la pandemia y del mencionado ASPO, lo que lleva a preguntarnos: ¿cómo se ejecuta la política #QuedateEnCasa para quienes no tienen una? ¿cómo podrían asegurarse necesidades básicas cuando la mayoría sólo accede al trabajo informal? ¿cómo se habita en este contexto, sufriendo la violencia de una triple marginación por género, por clase y por cuestiones raciales? 


Las problemáticas que atraviesa el colectivo trans no son nuevas para ellxs sino que son una herencia del orden internacional, originado por las desventajas del sistema capitalista colonialista, que es mantenido por la permanencia de dicho sistema y aumentadas por el corrimiento (o ceguera) del rol del Estado en contextos de globalización donde se han aplicado políticas funcionales y heterocisnormadas continuamente frente a minorías invisibilizadas que no cuentan con un sistema de cuidados asegurados. La falta de estos últimos opaca los triunfos que han alcanzado estos colectivos en los últimos años al no tener un sentido en la práctica y la realidad que lxs compete hoy en día, lo que hace que en cada crisis sean lxs mismxs quienes vuelven a quedar unos centímetros más afuera de ese sistema (en términos capitalistas y globales) del que ya no estaban siendo parte. 

Históricamente y hasta en la actualidad, el colectivo travesti trans sufre opresiones principalmente por su género, ya que gran parte de la sociedad opta por invisibilizar su identidad, no reconocerla y negarla, lo que genera una subordinación de estatus como plantea Nancy Fraser: ésta deviene en acoso sexual, violaciones, violencia, menosprecio en la vida cotidiana y medios de comunicación, negación de derechos y marginación en lo público. Esta discriminación se presenta en distintas áreas como en la educación (64% cuenta con el nivel primario, un 7% comenzó estudios superiores, pero solo el 2% finalizo un nivel universitario), en la inserción laboral o en la posibilidad de ingresar a un sistema de salud que pueda atenderlxs. Generalmente, las personas trans son excluídxs del seno familiar y de su hogar, muchas veces teniendo que migrar a distintos países o ciudades. Junto a la caracterización anterior de su situación frente a la inserción en el sistema, esto hace que se pertenezcan a una clase media baja. Específicamente el 90% de las personas trans se encuentra fuera del mercado formal, vive en la pobreza y el 95% ejerce el trabajo sexual.  

Este colectivo es víctima de una doble colonización por las políticas imperiales y por las ideologías patriarcales que se sostienen mutuamente, ya que la globalización sostiene la heterocisnorma y las identidades sociales funcionales a esta jerarquía imperial. Refiriendo al patriarcado, me gustaría remitir a Pedro Di Pietro quien lo define como “la diferenciación de sujetos sociales según jerarquía de privilegios o desventajas y la reproducción social de las condiciones materiales del privilegio y desventajas que adscriben roles o expectativas”. 


Este colectivo es víctima de una doble colonización por las políticas imperiales y por las ideologías patriarcales que se sostienen mutuamente, ya que la globalización sostiene la heterocisnorma y las identidades sociales funcionales a esta jerarquía imperial.


Así, podemos ver como vuelve a polarizarse la cuestión entre quiénes pueden mantener un estatus y un privilegio frente a quienes no, como sucede con el colectivo travesti trans. Profundizado más aún por la ideología y el contexto marcado por un fuerte carácter androcéntrico donde todo está montado en la sociedad y la cultura para que la figura masculina sea la “normal”. Sostiene al respecto Preciado: “la transexualidad no existiría fuera de una epistemología colonial y capitalista que privilegia las prácticas sexuales reproductivas en beneficio de una estrategia de gestión de la población, de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la población que consume”. De esta manera, queda demarcada la relación entre el sistema y la no inserción de la transexualidad, teniendo que ver este fenómeno con una red de discursos y relaciones de poder trazados por el mismo régimen político. 

Contrariamente a lo mencionado, se han alcanzado triunfos para el colectivo dentro de los que podemos nombrar la Conferencia de Beijing (1995) que dió mayor institucionalidad al género o los Principios de Yohiakarta (2006) que dieron mecanismos y protecciones legales internacionales. En Argentina, específicamente, la Ley de identidad de género (Ley 26.743), donde se reconoce la identidad auto percibida de modo despatologizante, ha sido un hito junto a las leyes que obligan al cumplimiento de un cupo laboral trans y el acceso a la salud integral. No está de más decir que estas medidas han sido logradas gracias a la resistencia y militancia del feminismo y los colectivos LGBTI frente al avance de la derecha y el neoliberalismo tardío de los últimos años, específicamente tras la crisis financiera del 2008. Sin embargo, la discriminación continúa como un factor protagonista en los distintos aspectos y con un peso capaz de detener la expansión económica, por ejemplo, como indica el Informe de CEPAL de 2019, estableciendo una desigualdad naturalizada y estructural en una cultura de privilegios y lejos de asegurar garantía de los derechos humanos, lo que sugiere repensar la eficacia de estas políticas para que sean realmente dinámicas y no una mera hoja de papel. 

Frente a este panorama histórico, en el mes de marzo de 2020, la pandemia del COVID19 generó una pausa global y los Estados debieron responder con distintos tipos de medidas para cuidar a sus poblaciones a raíz de la inexistencia o el desconocimiento de una solución efectiva para frenar el contagio del virus. Aquí en Argentina, se dispuso como política oficial el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) que comprende diferentes fases y excepciones para circular o trabajar.

 Se evalúa que la pandemia llevará a la mayor contracción económica en la historia siendo esta del -5,3% en el año 2020, o sea la peor contracción desde 1914 y 1930, acorde a los datos del Informe de la CEPAL. También traerá como consecuencia un deterioro en los indicadores laborales con una tasa de desempleo en torno al 11,5% que también afectará los ingresos en los hogares. Este contexto resulta poco beneficioso para la mayor parte de la población, pero aún más para quienes son marginadxs por el desarrollo desigual del mundo y afectados por los procesos de la globalización neoliberal. En Argentina se implementaron medidas de elección por la vida y la salud como la política “quédate en casa”: aun así, es necesario replantear el carácter de ésta y la carencia de su perspectiva de género considerando que las políticas de cuidado y de trabajo siguen respondiendo implícitamente al orden heterocisnormativo. 

¿Dónde se puede cumplir esta política cuando no se tiene un hogar donde quedarse? La mayoría de la población travesti trans vive en espacios de contención como hoteles o cuenta con alquileres informales donde no aplica el congelamiento de precios de alquiler o la prohibición de desalojo impulsado en el marco del ASPO. El acceso al alquiler formal o a un techo propio se ven obstaculizados por la discriminación que suele ser por género, por raza y clase, e incluso por cuestiones laborales, ya que no pueden presentar un certificado a causa de su informalidad. El hecho de que el 90% ejerza como trabajadorxs sexuales configura otra forma de discriminación, como también un perjuicio, ya que su trabajo se da necesariamente en las calles y sigue siendo criminalizado. A todo esto se puede agregar la falta de acceso al sistema de seguridad social y a la salud, teniendo en cuenta que su expectativa de vida no supera los 35 años (diferenciándose de la expectativa de vida general que es de 75 años) y convirtiéndose en este contexto en población de riesgo, que no sólo queda desprotegida y sumida en la violencia, sino también vulnerable a la falta de suministros para tratamientos hormonales que serían asegurados por el Estado. 


¿Podrán los estados asegurar un Estado de derecho que promueva la universalidad de los derechos realmente incluyendo diversidades y generando un sistema de cuidados que sea acorde o los procesos globalizadores y neoliberales seguirán sobrepasando a los Estados y marcando los límites heteronormadxs de la periferia donde existe un todxs que siempre queda ahí afuera?


El colectivo trans percibe el acceso a un programa llamado Potenciar trabajo que da acceso al subsidio de $8.000 mensuales, incompatible con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) implementado a partir de la situación de la pandemia, al que corresponde un monto de $10.000, e incompatible también con otros subsidios o con el reparto de bolsones de frutas en municipios. Aunque tuvo gran impacto por suscriptxs del colectivo trans en marzo del presente año, el acceso a este primer programa ni siquiera nombra explícitamente al colectivo trans sino a las “víctimas de violencia de género o explotación sexual”, ni contempla la situación de migrantes sin documento nacional.Han habido una gran cantidad de autores que plantearon desde el comienzo de la pandemia (por ejemplo en la publicación Sopa de Wuhan) que la configuración de un nuevo mundo post pandemia podría ser posible o que incluso estamos ante una “nueva normalidad”, pero ¿cómo podemos realizar ese planteo cuando lxs marginadxs de siempre continúan experimentando la misma realidad de violencia y vulneración en un contexto de incertidumbre y ausencia de políticas que lxs tengan presentes como sujetos políticos? ¿Podrán los estados asegurar un Estado de derecho que promueva la universalidad de los derechos realmente incluyendo diversidades y generando un sistema de cuidados que sea acorde o los procesos globalizadores y neoliberales seguirán sobrepasando a los Estados y marcando los límites heteronormadxs de la periferia donde existe un todxs que siempre queda ahí afuera?