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Feminismo

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Imagen: Melina Gómez

Por Sofía Arriola


Después de años de reclamos, ocupar las calles y consolidar a los movimientos feministas, se sancionó y entró en vigencia el pasado 24 de enero de 2021, la Ley 26 710 sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. La misma tiene como objeto, según lo establecido en su artículo 1, regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento con los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Asimismo, fortalece los postulados de la Ley 25 673 (Creación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva) y de las políticas públicas impulsadas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Esta ley se enmarca en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Ley 25 673, la Ley 26 529 sobre Derechos del Paciente, los códigos Penal y Civil y Comercial de la Nación (CCyC), así como todas las leyes concordantes de protección de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, y el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), siendo de orden público y aplicación obligatoria en todo el país. Esta obligatoriedad alcanza los tres subsistemas de salud: tanto efectores públicos como obras sociales, empresas y entidades de medicina prepaga deben instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar su cumplimiento.

El esquema legal previsto y que se incorpora a la normativa vigente sostiene que las mujeres y otras personas gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional cuando el mismo fuere resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o salud de la persona gestante.

Sin embargo, la semana pasada la justicia provincial de San Juan dio lugar a una medida cautelar en la que un hombre propuso impedir que su ex pareja abortara. El hombre, junto a los jueces Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez (un tribunal integrado sólo por varones) intentaron obstruir el ejercicio de derechos a una mujer y, sobre todo, poner por encima a un varón del uso libre del plan de vida de una mujer. Lo que me lleva a un debate histórico en el derecho: ¿qué pasa con los jueces y la posibilidad de crear derecho más allá del Poder Legislativo?


El sistema de tutelaje dónde la mujer es sometida a la voluntad del marido se acabó hace mucho tiempo: ni antes ni después de la ley de ILE el cónyuge tiene derechos sobre el cuerpo de la pareja (…) En ningún espacio del cuerpo normativo esta ley establece la opinión del cónyuge como requisito, lo que hace que pedirlo sea ilegal


El sistema de tutelaje dónde la mujer es sometida a la voluntad del marido se acabó hace mucho tiempo: ni antes ni después de la ley de ILE el cónyuge tiene derechos sobre el cuerpo de la pareja, no puede decidir sobre un aborto, ni sobre métodos anticonceptivos. La ley indica que siempre debe prevalecer su libre y autónoma voluntad y que sus decisiones “no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas”. En ningún espacio del cuerpo normativo esta ley establece la opinión del cónyuge como requisito, lo que hace que pedirlo sea ilegal. 

Aun así, con el criterio de los jueces una mujer podría ser forzada a gestar o forzada a abortar por la voluntad del cónyuge no gestante y la anuencia de estos jueces, lo que podría incurrir en los estándares de tortura ya que el Comité DESC, en la Observación General 22 (2016) relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva, ha sostenido: “El derecho a la salud sexual y reproductiva también es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos. Está íntimamente ligado a los derechos civiles y políticos que fundamentan la integridad física y mental de las personas su autonomía, como los derechos a la vida; a la libertad y la seguridad de la persona; a no ser sometido a tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la privacidad y el respeto por la vida familiar; y la no discriminación y la igualdad. Por ejemplo, la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia o la negativa a practicar abortos son causa muchas veces de mortalidad y morbilidad materna que, a su vez, son una violación del derecho a la vida o la seguridad y, en determinadas circunstancias, pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Asimismo, la Recomendación General 35 (2016) referida a la violencia de género contra la mujer del Comité CEDAW, al que nuestro país suscribe, estableció que:  “Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante” y finalmente el mismísimo Comité de la Tortura en la Relatoría Especial sobre la Tortura, ha establecido que: “46. Los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales; las esterilizaciones involuntarias; la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención posaborto” y, en el artículo 50, ha expresado su preocupación por “el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos”. Por ende, la Ley 27 610 se ajusta a dichos estándares internacionales y avanza sobre un modelo regulatorio centrado en la salud que permitirá alcanzar mayores niveles de justicia social en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población.


…con el criterio de los jueces una mujer podría ser forzada a gestar o forzada a abortar por la voluntad del cónyuge no gestante y la anuencia de estos jueces, lo que podría incurrir en los estándares de tortura


Por suerte, el fallo se volvió abstracto, puesto que al momento en que el tribunal se expidió, el sistema de salud ya había actuado diligentemente para realizar la práctica correspondiente solicitada. De todas formas, el hecho de haber dado lugar a la medida cautelar genera un antecedente judicial que atrasa y boicotea la mentada ley, demostrando cómo las mujeres siguen siendo expuestas en el poder judicial viéndose vulneradas por el mismo Estado que debería protegerlas con derechos adquiridos en sus propias demandas respecto a los derechos civiles y políticos conseguidos. Si estos existen y son la base de nuestros sistemas de gobiernos, ¿por qué las mujeres y las personas con capacidad de gestar continúan sufriendo opresión al enfrentarse al sistema judicial, siendo parte de un poder del Estado que debe velar por cumplir con las garantías a las que se obliga? Siguiendo a Carol Paterman: ¿Por qué si todos somos libres e iguales las mujeres son sometidas?.

El acceso a la justicia es considerado un derecho social básico y, para garantizarlo, es necesario un sistema de justicia preparado y eficaz, en caso contrario, las instituciones no responderán a su razón de ser, por lo que el servicio público debe garantizar la continuidad, adaptación, igualdad, celeridad y gratuidad para no entorpecer los procesos. Si esto no sucede todo el arco de Derechos Humanos sería condenado al fracaso generando una gran desilusión sobre las promesas de la democracia al no contar con un sistema que asuma la responsabilidad de asegurar un Estado de Derecho preocupado por la vigencia de las libertades y garantías; donde la Constitución no represente una abstracción sino que brinde una aplicación práctica, que amplíe el acceso a la justicia sobre las construcciones sociales que se plasman en la existencia de un “sistema de género”, en el que procesos y mecanismos regulan y organizan a la sociedad de modo en que el hombre y la mujer actúen y se consideren diferentes y al mismo tiempo, determinen cuáles áreas sociales son competencia de un género u otro, así como también las asimetrías de poder entre ellos.


…el hecho de haber dado lugar a la medida cautelar genera un antecedente judicial que atrasa y boicotea la mentada ley, demostrando cómo las mujeres siguen siendo expuestas en el poder judicial viéndose vulneradas por el mismo Estado que debería protegerlas con derechos adquiridos en sus propias demandas respecto a los derechos civiles y políticos conseguidos


Incluso, podemos pensar que el lugar del derecho y el rol de los jueces debería ser el de subsanar las desigualdades, siendo una herramienta de control social que funciona a partir de otros sistemas normativos internacionales de derechos humanos para derribar subjetividades y combatir aquella dominación de género para volvernos iguales ante la ley, como se espera, y no como en este caso, presentando argumentos ineficientes y sexistas expresando que meramente por la existencia del matrimonio entre los involucrados el progenitor debería tener incidencia en la decisión. Así, la acción del derecho termina siendo la de consolidar aquellas desigualdades reproduciendo discursos y relaciones de poder, estableciendo en una sentencia la violencia institucional y la invisibilización de la autonomía de los cuerpos gestantes.

Aun con una ley vigente, este caso ha demostrado cómo dentro del mismo sistema de protección las personas pueden quedar enfrentadas a una estructura opresiva que opera por un orden social: este caso, pone en evidencia que esa lógica no sostiene un enfoque de género, sino que reproduce los mandatos morales y disciplinadores del orden heterociscapitalista imperante y castiga a quienes busquen contrariarlo, aun si deben vulnerar las garantías establecidas para la protección, revelando la desilusión del sistema judicial al no tener operadores jurídicos preparados ad hoc

Sería necesaria la educación en Derechos Humanos para poder triunfar en una ciudadanía que permita el acceso a los derechos, pero también arribar a una igualdad real entre los ciudadanos, más allá de los estándares legales en donde se corrija la ausencia histórica de las mujeres y se tenga en cuenta su inclusión en todos los ámbitos en pos de establecer un proyecto político que rompa la división entre lo público y lo privado, añadiendo dimensión de género para que también la dicotomía de masculino y femenino, junto a su expresión social, sea reconsiderada en vistas de obtener una democracia que asegure inclusión frente a las desigualdades estructurales. Es preciso que a partir de ahora, habiendo ganado las garantías legales, busquemos transformar los discursos y prácticas y las relaciones con el Estado donde el género no implique una forma de dominación para que las transformaciones reales acompañen el avance de los reconocimientos formales.


Nadie puede decidir por vos ni puede sustituir tu voluntad. Tampoco estás obligada a ser madre.

Si decidís abortar, la práctica está incluida en los servicios públicos de salud, las obras sociales y las prepagas. Podés llamar al 0800-222-3444 para más información. Es tu derecho.