Ph: Federico Bini

Por Sofía Arriola


¿Cuáles son los aspectos que dejó al descubierto el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio? ¿Qué pasa con los colectivos que forman parte de una discriminación y exclusión estructural? 

Los últimos años en Latinoamérica han sido marcados por contextos de globalización y el neoliberalismo tardíos que han avanzado junto a la derecha, potenciando y configurando una discriminación interseccional extrema en distintos niveles. Teniendo en cuenta las mencionadas desigualdades, consideradas estructurales y de base, sumándose también la vulneración constante de derechos humanos, podríamos afirmar que el colectivo travesti trans, por ejemplo, es de las minorías más vulneradas actualmente en un presente atravesado por políticas de cuidado a raíz de la pandemia y del mencionado ASPO, lo que lleva a preguntarnos: ¿cómo se ejecuta la política #QuedateEnCasa para quienes no tienen una? ¿cómo podrían asegurarse necesidades básicas cuando la mayoría sólo accede al trabajo informal? ¿cómo se habita en este contexto, sufriendo la violencia de una triple marginación por género, por clase y por cuestiones raciales? 


…el colectivo travesti trans es de las minorías más vulneradas actualmente en un presente atravesado por políticas de cuidado a raíz de la pandemia y del mencionado ASPO, lo que lleva a preguntarnos: ¿cómo se ejecuta la política #QuedateEnCasa para quienes no tienen una? ¿cómo podrían asegurarse necesidades básicas cuando la mayoría sólo accede al trabajo informal? ¿cómo se habita en este contexto, sufriendo la violencia de una triple marginación por género, por clase y por cuestiones raciales? 


Las problemáticas que atraviesa el colectivo trans no son nuevas para ellxs sino que son una herencia del orden internacional, originado por las desventajas del sistema capitalista colonialista, que es mantenido por la permanencia de dicho sistema y aumentadas por el corrimiento (o ceguera) del rol del Estado en contextos de globalización donde se han aplicado políticas funcionales y heterocisnormadas continuamente frente a minorías invisibilizadas que no cuentan con un sistema de cuidados asegurados. La falta de estos últimos opaca los triunfos que han alcanzado estos colectivos en los últimos años al no tener un sentido en la práctica y la realidad que lxs compete hoy en día, lo que hace que en cada crisis sean lxs mismxs quienes vuelven a quedar unos centímetros más afuera de ese sistema (en términos capitalistas y globales) del que ya no estaban siendo parte. 

Históricamente y hasta en la actualidad, el colectivo travesti trans sufre opresiones principalmente por su género, ya que gran parte de la sociedad opta por invisibilizar su identidad, no reconocerla y negarla, lo que genera una subordinación de estatus como plantea Nancy Fraser: ésta deviene en acoso sexual, violaciones, violencia, menosprecio en la vida cotidiana y medios de comunicación, negación de derechos y marginación en lo público. Esta discriminación se presenta en distintas áreas como en la educación (64% cuenta con el nivel primario, un 7% comenzó estudios superiores, pero solo el 2% finalizo un nivel universitario), en la inserción laboral o en la posibilidad de ingresar a un sistema de salud que pueda atenderlxs. Generalmente, las personas trans son excluídxs del seno familiar y de su hogar, muchas veces teniendo que migrar a distintos países o ciudades. Junto a la caracterización anterior de su situación frente a la inserción en el sistema, esto hace que se pertenezcan a una clase media baja. Específicamente el 90% de las personas trans se encuentra fuera del mercado formal, vive en la pobreza y el 95% ejerce el trabajo sexual.  

Este colectivo es víctima de una doble colonización por las políticas imperiales y por las ideologías patriarcales que se sostienen mutuamente, ya que la globalización sostiene la heterocisnorma y las identidades sociales funcionales a esta jerarquía imperial. Refiriendo al patriarcado, me gustaría remitir a Pedro Di Pietro quien lo define como “la diferenciación de sujetos sociales según jerarquía de privilegios o desventajas y la reproducción social de las condiciones materiales del privilegio y desventajas que adscriben roles o expectativas”. 


Este colectivo es víctima de una doble colonización por las políticas imperiales y por las ideologías patriarcales que se sostienen mutuamente, ya que la globalización sostiene la heterocisnorma y las identidades sociales funcionales a esta jerarquía imperial.


Así, podemos ver como vuelve a polarizarse la cuestión entre quiénes pueden mantener un estatus y un privilegio frente a quienes no, como sucede con el colectivo travesti trans. Profundizado más aún por la ideología y el contexto marcado por un fuerte carácter androcéntrico donde todo está montado en la sociedad y la cultura para que la figura masculina sea la “normal”. Sostiene al respecto Preciado: “la transexualidad no existiría fuera de una epistemología colonial y capitalista que privilegia las prácticas sexuales reproductivas en beneficio de una estrategia de gestión de la población, de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la población que consume”. De esta manera, queda demarcada la relación entre el sistema y la no inserción de la transexualidad, teniendo que ver este fenómeno con una red de discursos y relaciones de poder trazados por el mismo régimen político. 

Contrariamente a lo mencionado, se han alcanzado triunfos para el colectivo dentro de los que podemos nombrar la Conferencia de Beijing (1995) que dió mayor institucionalidad al género o los Principios de Yohiakarta (2006) que dieron mecanismos y protecciones legales internacionales. En Argentina, específicamente, la Ley de identidad de género (Ley 26.743), donde se reconoce la identidad auto percibida de modo despatologizante, ha sido un hito junto a las leyes que obligan al cumplimiento de un cupo laboral trans y el acceso a la salud integral. No está de más decir que estas medidas han sido logradas gracias a la resistencia y militancia del feminismo y los colectivos LGBTI frente al avance de la derecha y el neoliberalismo tardío de los últimos años, específicamente tras la crisis financiera del 2008. Sin embargo, la discriminación continúa como un factor protagonista en los distintos aspectos y con un peso capaz de detener la expansión económica, por ejemplo, como indica el Informe de CEPAL de 2019, estableciendo una desigualdad naturalizada y estructural en una cultura de privilegios y lejos de asegurar garantía de los derechos humanos, lo que sugiere repensar la eficacia de estas políticas para que sean realmente dinámicas y no una mera hoja de papel. 

Frente a este panorama histórico, en el mes de marzo de 2020, la pandemia del COVID19 generó una pausa global y los Estados debieron responder con distintos tipos de medidas para cuidar a sus poblaciones a raíz de la inexistencia o el desconocimiento de una solución efectiva para frenar el contagio del virus. Aquí en Argentina, se dispuso como política oficial el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) que comprende diferentes fases y excepciones para circular o trabajar.

 Se evalúa que la pandemia llevará a la mayor contracción económica en la historia siendo esta del -5,3% en el año 2020, o sea la peor contracción desde 1914 y 1930, acorde a los datos del Informe de la CEPAL. También traerá como consecuencia un deterioro en los indicadores laborales con una tasa de desempleo en torno al 11,5% que también afectará los ingresos en los hogares. Este contexto resulta poco beneficioso para la mayor parte de la población, pero aún más para quienes son marginadxs por el desarrollo desigual del mundo y afectados por los procesos de la globalización neoliberal. En Argentina se implementaron medidas de elección por la vida y la salud como la política “quédate en casa”: aun así, es necesario replantear el carácter de ésta y la carencia de su perspectiva de género considerando que las políticas de cuidado y de trabajo siguen respondiendo implícitamente al orden heterocisnormativo. 

¿Dónde se puede cumplir esta política cuando no se tiene un hogar donde quedarse? La mayoría de la población travesti trans vive en espacios de contención como hoteles o cuenta con alquileres informales donde no aplica el congelamiento de precios de alquiler o la prohibición de desalojo impulsado en el marco del ASPO. El acceso al alquiler formal o a un techo propio se ven obstaculizados por la discriminación que suele ser por género, por raza y clase, e incluso por cuestiones laborales, ya que no pueden presentar un certificado a causa de su informalidad. El hecho de que el 90% ejerza como trabajadorxs sexuales configura otra forma de discriminación, como también un perjuicio, ya que su trabajo se da necesariamente en las calles y sigue siendo criminalizado. A todo esto se puede agregar la falta de acceso al sistema de seguridad social y a la salud, teniendo en cuenta que su expectativa de vida no supera los 35 años (diferenciándose de la expectativa de vida general que es de 75 años) y convirtiéndose en este contexto en población de riesgo, que no sólo queda desprotegida y sumida en la violencia, sino también vulnerable a la falta de suministros para tratamientos hormonales que serían asegurados por el Estado. 


¿Podrán los estados asegurar un Estado de derecho que promueva la universalidad de los derechos realmente incluyendo diversidades y generando un sistema de cuidados que sea acorde o los procesos globalizadores y neoliberales seguirán sobrepasando a los Estados y marcando los límites heteronormadxs de la periferia donde existe un todxs que siempre queda ahí afuera?


El colectivo trans percibe el acceso a un programa llamado Potenciar trabajo que da acceso al subsidio de $8.000 mensuales, incompatible con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) implementado a partir de la situación de la pandemia, al que corresponde un monto de $10.000, e incompatible también con otros subsidios o con el reparto de bolsones de frutas en municipios. Aunque tuvo gran impacto por suscriptxs del colectivo trans en marzo del presente año, el acceso a este primer programa ni siquiera nombra explícitamente al colectivo trans sino a las “víctimas de violencia de género o explotación sexual”, ni contempla la situación de migrantes sin documento nacional.Han habido una gran cantidad de autores que plantearon desde el comienzo de la pandemia (por ejemplo en la publicación Sopa de Wuhan) que la configuración de un nuevo mundo post pandemia podría ser posible o que incluso estamos ante una “nueva normalidad”, pero ¿cómo podemos realizar ese planteo cuando lxs marginadxs de siempre continúan experimentando la misma realidad de violencia y vulneración en un contexto de incertidumbre y ausencia de políticas que lxs tengan presentes como sujetos políticos? ¿Podrán los estados asegurar un Estado de derecho que promueva la universalidad de los derechos realmente incluyendo diversidades y generando un sistema de cuidados que sea acorde o los procesos globalizadores y neoliberales seguirán sobrepasando a los Estados y marcando los límites heteronormadxs de la periferia donde existe un todxs que siempre queda ahí afuera?


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